La pugna política entre el Gobierno catalán y el Gobierno central tiene entre sus víctimas colaterales a las farmacias y los hospitales, que ya sufrían desde hace años la incertidumbre permanente sobre cuándo cobrarían sus facturas. Ahora, los últimos acontecimientos han complicado todavía más si cabe su situación hasta llevarlos al límite.
Las condiciones establecidas el pasado viernes por el Ministerio de Hacienda han tensado aún más la fina cuerda, aunque desde el departamento que dirige Cristóbal Montoro insisten en su convencimiento de que hay margen para que mañana la Generalitat cumpla con las nuevas obligaciones y pueda recibir el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) correspondiente a noviembre.
¿Qué exige Hacienda al Govern en funciones? El interventor de la Generalitat tiene hasta mañana viernes para remitir un certificado que detalle la ejecución del gasto presupuestario de Cataluña y que acredite que no se ha dedicado ni un euro a decisiones que contravienen la Constitución.
Este certificado es imprescindible para que se puedan cobrar las facturas incluidas en el FLA de noviembre –que asciende a 115 millones de euros– y también para acceder a los 3.035 millones que está previsto liberar de forma escalonada a cuenta del llamado FLA extraordinario.
Además, la Generalitat ha de enganchar su sistema de digitalización de las facturas al punto de entrada del Estado FACe. Desde ese momento, la administración autonómica pierde la potestad que tenía de decidir qué facturas se pagaban –aunque siguiendo los criterios del Gobierno central–, y esta criba pasa a manos de la Administración central. Hacienda defiende que el proceso de conexión con el FACe “no es complejo”.
Entre tanto, la situación de agobio de los servicios de la sanidad pública catalana que no presta directamente el Estado va a más: los afectados son, básicamente, la atención hospitalaria concertada (53% del presupuesto de hospitales), los centros sociosanitarios y las farmacias.
Las farmacias catalanas, tras la fuerte crisis de impagos del 2012, consiguieron acuerdos bancarios que les permiten alargar su situación hasta tres meses, “pagando más intereses, claro”, aclara el presidente de los farmacéuticos, Jordi de Dalmases. Pero no más allá de esos tres meses. Y ahora entran en el cuarto. Como muchos usuarios lo habrán podido comprobar, ya no hay stock en las farmacias: una o dos cajas de los medicamentos más frecuentes y cuando un enfermo viene y no hay lo suyo, se pide al distribuidor. Porque a los distribuidores les deben gran parte de los medicamentos facilitados a los pacientes de la sanidad pública. “De promedio, cada farmacia debe a los bancos por esos impagos 120.000 euros”, indica Dalmases.
Los hospitales concertados están negociando con los bancos el alargamiento de su capacidad crediticia y así pagar las nóminas (60% del presupuesto de un hospital). Y han dejado de pagar provisionalmente a proveedores: comidas, limpieza, material sanitario, prótesis, lentes intraoculares... Y ya sólo les queda recortar de la cuota de la Seguridad Social: si pactan un aplazamiento del pago, sólo tendrán que abonar un 4,375% de intereses; si no pagan sin más, los intereses son del 20%. Así que están acordando aplazamientos.