La sanidad privada española ha dado un golpe sobre la mesa en el comienzo de este nuevo curso en forma de un plan de choque que, según sus cálculos, podría liquidar las listas de espera quirúrgicas antes de final de año. Para ello, sería necesaria una inversión de 1.500 millones de euros, un 1,5% sobre el gasto total de sanidad, ha señalado la Fundación IDIS (Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad), dedicada a impulsar la integración sanitaria público-privada.
“Estamos muy satisfechos con la respuesta que estamos empezando a recibir”, explica a El Confidencial su presidente, Manuel Vilches. “Las asociaciones de pacientes no lo han visto mal, los profesionales tampoco, porque lo que queremos es beneficiar a los pacientes, a nadie más”. Como recuerda IDIS, bastaría con destinar parte de la dotación extraordinaria de los Presupuestos Generales del Estado otorgada a las comunidades autónomas para arrancar el nuevo año con el contador a cero, un hito en un contexto en el que, a pesar de las promesas, los tiempos de espera se han incrementado.
No estamos planteando un modelo de negocio para nada”, matiza Vilches durante su visita a este diario. “Tenemos que vivir y pagar los sueldos, pero no se han establecido márgenes de beneficio con esa cantidad, que asusta por lo baja”. En el espíritu de esta propuesta se encuentra establecer un nuevo modelo de colaboración entre la sanidad pública y la privada con el objetivo de enfrentarse, a largo plazo, a los importantes retos que se avecinan, como el exponencial envejecimiento de la población y el aumento de los costes sanitarios, que obligarán a optimizar el gasto.
Tenemos un sistema sanitario que se regula por el acceso. Es un modelo muy vertical, en el que la puerta de entrada es muy pequeña. Por eso, desgraciadamente, tenemos más de 615.000 pacientes en listas de espera, y la duración media ha ido incrementándose hasta los 115 días. Ha habido problemas en la medición de las mismas, pero ahora que se ha uniformizado, disponemos de la información suficiente.
Hasta ahora, las comunidades autónomas han tratado de paliar el tema de las listas de espera con planes de gestión —en Madrid— o abriendo quirófanos los sábados o por las tardes —en otras comunidades—, peonadas múltiples e intentos de soluciones dentro del entorno de la financiación pública. Hemos visto que, a pesar de las buenísimas intenciones que tienen, no ha funcionado. Las listas de espera no solo no se han solucionado, sino que se han incrementado.
Si bajas al detalle de las listas (el poco que hay), dos tercios de ellas son de cirugía general, traumatología y oftalmología, especialidades que tenemos bastante controladas, y donde podríamos asumir la reducción de la lista de espera. Hay grandes diferencias entre comunidades, eso sí, por la carga demográfica de cada región: si Cataluña y Andalucía son las más pobladas, las listas son más largas.
El gasto anual del sistema sanitario ronda los 70.000 millones, nosotros tenemos entre 30 y 35.000 millones… Son casi 100.000 lo que gastamos en sanidad. ¿No vamos a ser capaces de encontrar 1.500 para destinar a una partida tan importante como esta? La ministra lo decía ayer, ha habido un incremento extraordinario en la dotación de los Presupuestos Generales del Estado que es tres veces mayor a lo que se necesitaría para esto. Si toda la dotación se utiliza en sanidad, con seguridad se solucionaría una parte. Esos pacientes son los que nos importan. La decisión es de las comunidades autónomas, pero este es uno de los temas que más preocupan a los usuarios del sistema sanitario, porque a nadie le gustan las listas de espera. Si dejamos a un lado la ideología y nos preocupamos únicamente de la calidad y de la accesibilidad, creemos que es un plan muy viable.
La ley de contratos del Estado es magnífica, pero la regulación que implica ralentiza los procesos. Lo que queremos ver en el horizonte es un funcionamiento conjunto en cada una de las comunidades autónomas entre los entornos públicos y privados, un establecimiento de objetivos comunes y parámetros de funcionamiento, comisiones de transparencia y calidad que garanticen el servicio que van a recibir los pacientes en todos los hospitales y una uniformidad en la que el que otorgue el servicio se asegure de que los usuarios reciban el mejor, sin preocuparse de la titularidad.